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La Administración investigaba presuntas irregularidades en el comercio con China (de equipos sanitarios).
Como se sabe, Philips, en tanto que empresa, tiene un interés ya muy reducido en el ámbito del electrodoméstico. Apenas fabrica y vende pequeño electrodoméstico de cuidado personal y poco más. Aun así, su nombre está ampliamente presente en el sector como marca cedida a terceros bajo royalties.
También se sabe que Philips, centrada actualmente en equipos sanitarios, ha tenido un golpe de credibilidad con el caso de sus respiradores anti-apnea con espumas que se desprenden (y pueden ocasionar problemas mayores de asfixia en quienes los utilizan). Eso ha motivado un «recall» o retirada de producto y una provisión de fondos para eventuales indemnizaciones.
Sin embargo, ha habido otro asunto más inmediato que ya se ha resuelto onerosamente para Philips, y es el caso de la presunta violación de la Ley de Prácticas Extranjeras Corruptas de los EEUU, relativa a irregularidades en las ventas de equipamiento médico a China (también se han denunciado con otros países).
La entidad estadounidense equivalente a la CNMV estaba investigando dichas irregularidades, cometidas entre 2014 y 2019, pero no finalizará la encuesta debido a que ha alcanzado ya un acuerdo con Philips. El grupo holandés afirma que no ha admitido ni negado las acusaciones de la Comisión, pero que acepta pagar 62 millones de dólares en distintos conceptos, para que dicha Comisión cese el procedimiento. El Departamento de Justicia de los EEUU ha cerrado también una investigación paralela.
El comunicado es curioso. Porque, como hemos dicho, dice que no ha admitido ni rechazado los cargos. Pero, parafraseando el viejo refrán de que «quien calla otorga», también parece que quien paga otorga. Lo contrario sería como ceder ante un chantaje.
Philips ya había provisionado estos 60 millones de dólares, según consta en el informe anual de 2022.
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