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Los consumidores critican un anuncio de prohibición en nuevas instalaciones, y el Gobierno reflexionará sobre el tema.

Siguiendo la estela de Alemania, donde el año próximo entrará en vigor una polémica legislación que prohibirá instalar nuevas calderas a gas, el Gobierno francés quiso hacer lo mismo y anunció que lo prohibirá a partir de 2026. No de modo general, sino en nuevas viviendas. Pero una organización de usuarios puso el grito en el cielo.

La UFC denunció que está por demostrar el impacto medioambiental positivo de semejante medida, mientras que lo que está claro es que tendrá un coste importante para los usuarios.

La UFC ha recordado que en 2022 fue necesario recurrir a centrales térmicas (de gas, fuel o carbón) para satisfacer la demanda eléctrica, y que su contribución a la generación de electricidad fue oscilante, entre un exiguo 1,5% y un notable 20,3% de la producción eléctrica total, dependiendo del momento del año. Argumenta que, si se traslada la producción de agua caliente de la caldera a gas a un sistema de bomba de calor, aumentará la demanda de electricidad y probablemente aumentará la necesidad de recurrir a centrales térmicas.

Dicha asociación de consumidores considera que las soluciones de bomba de calor son interesantes pero advierte que su efecto positivo depende de la eficacia energética de las construcciones.

Después de esto, el Gobierno ha rebajado el tono y ha informado que sostiene conversaciones con los sectores afectados antes de tomar ninguna decisión definitiva. En septiembre se publicará un informe de evaluación y se estudiará qué hacer. De momento se piensa más en suprimir ayudas a la renovación de calderas a gas, que en prohibir su instalación.

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