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El caso probablemente servirá de referencia en los EEUU para establecer competencias en la materia.

Un grupo de organizaciones de gas y de construcción ha presentado una demanda judicial para bloquear la prohibición gradual de cocinas y hornos de gas en edificios nuevos en el Estado de Nueva York, y para ello ha presentado la documentación necesaria el pasado jueves, día 12 de octubre, ante un tribunal federal en la capital del Estado, Albany.

Los demandantes argumentan que la prohibición aprobada recientemente por el Estado, que impedirá la instalación de infraestructura de gas en nuevas construcciones a partir de 2026 para edificios de menos de 7 pisos, y a partir de 2029 para los de mayor tamaño, viola una norma federal sobre la regulación de aparatos de gas. Apelan a la falta de competencia de los Estados federados para regular los aparatos de gas, porque el Gobierno Federal ya hace cumplir su propia Ley de Conservación y Política Energética, que tiene reglas para los aparatos que funcionan con gas natural y propano. Así que solicitan al tribunal que declare la inaplicabilidad de una normativa estatal (es decir, de ámbito inferior) antes de que entre en vigor.

Los electrodomésticos que queman gas en hogares y empresas en los EEUU generan un 10% de las emisiones de carbono del país. Los grupos comerciales argumentan que prohibir su uso en nuevas construcciones tendrá un impacto mínimo en el cambio climático, al tiempo que destruirá una industria.

Las cocinas de gas se utilizan en aproximadamente el 35% de los hogares a nivel nacional.

«Nuestros clientes apoyan firmemente los objetivos climáticos del Estado, pero la prohibición los pone en riesgo a ellos y a sus miembros, con poco o ningún beneficio ambiental», ha dicho la abogada que representa a estos demandantes.

Nueva York es el primer Estado de la Unión que adopta una prohibición de los aparatos de gas. En un plano inferior, varias ciudades y condados del país han aprobado regulaciones similares, y algunas de estas prohibiciones municipales han sido anuladas por los jueces (aunque hay apelaciones en curso) por entender que deben aplicarse las disposiciones federales en la materia.

El fallo que se produzca en esta última demanda constituirá una referencia importante para otros casos similares.

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