El caso ha llegado hasta el Tribunal Supremo, ahora ya con condena definitiva.
Una pequeña actividad lucrativa fraudulenta funcionó a lo largo de tres años, entre 2014 y 2017, en la isla de Santa Cruz de Tenerife, consistente en comprar electrodomésticos (incluyendo aparatos tecnológicos) con financiación, y revenderlos de inmediato a precio «rebajado» en mercados de segunda mano, dejando sin pagar la deuda contraída. Solo se tiene constancia identificada de 47 operaciones de este orden. Para dificultar posteriores pesquisas, los estafadores utilizaban a indigentes a los que abonaban una pequeña «comisión», y les proporcionaban documentación falsa y ropa y servicio de peluquería para que tuvieran buen aspecto. No obstante, la policía localizó y detuvo a siete personas a las que ahora, después de llegar el caso al Tribunal Supremo (después de pasar por la audiencia Provincial de SC de Tenerife, y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias), se ha impuesto condena de 31 años de prisión (suma de penas de los encausados) y 350.000 euros de multa, por delitos continuados de estafa, fraude a la Seguridad Social e integración en grupo criminal, Algunos de ellos era reincidentes.
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