El PSOE «cuela» de tapadillo la nueva carga en la «Ley de Transparencia», que se halla en el Senado.

Cuando todos los ciudadanos estamos preocupados por la inflación, que se manifiesta en una cesta de la compra más cara, en carburante para los vehículos, gas y electricidad a precios más altos, y toda clase de productos y equipos encareciéndose mes a mes, una nueva carga impositiva amenaza con encarecer entre un 5 y un 10% las instalaciones de aire acondicionado (así que combatir el calor saldrá más caro), así como algunos electrodomésticos, aunque se nos ha confirmado que no afecta a frigoríficos (que desde hace años no utilizan esos gases), y solo afecta a algunas secadoras de bomba de calor, siendo un tema que sí que atañe particularmente a equipos de climatización. Así lo advierte un comunicado recién difundido por más de una veintena de asociaciones sectoriales, entre ellas la de instaladores (Conaif), la de fabricantes de equipos de aire acondicionado, Afec, y la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos, Fece.

Esta modificación fiscal figura en una enmienda introducida por el PSOE a la Ley de Transparencia, que se tramita de urgencia para que entre en vigor antes de septiembre. Ya ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados, con el voto a favor de PSOE, Podemos, Esquerra Republicada de Catalunya, y PNV, y queda pendiente de aprobación en el Senado.

Aunque la Ley de Transparencia no tiene nada que ver con los impuestos medioambientales, el PSOE ha optado por introducir esta enmienda para acelerar un cambio en el impuesto de gases fluorados, vigente desde 2014, y cuya modificación se preveía en una Ley específica cuyo anteproyecto salió a consulta pública el pasado mes de diciembre.

Los gases fluorados están regulados por el reglamento europeo 517/2014, conocido como F-gas. Según indican las asociaciones que suscriben el comunicado, además de ciertas prohibiciones que han entrado en vigor este mes de enero 2022, la Comisión Europea ha propuesto más estrictas limitaciones en una inminente revisión del reglamento, en la que además se empezaría a cobrar una tasa a los derechos de importación de gas fluorado. Si España no elimina su impuesto propio, esta tasa europea se sumaría al impuesto español como una doble imposición.

Al margen del reglamento F-gas no existe en la Unión Europea ninguna otra norma o impuesto armonizado sobre los gases fluorados, y solo Dinamarca dispone de un impuesto similar al de España; Estonia y Eslovenia tienen establecida una «carbon tax» que grava en menor medida los gases fluorados; y Francia aprobó un impuesto cuya entrada en vigor se viene retrasando sucesivamente. No obstante, estos últimos países contemplan exenciones a la primera carga de equipos de refrigeración y bombas de calor. El nuevo impuesto en España sería el más gravoso de la Unión Europea en cuanto a su más amplia aplicación a todos los sectores.

La reforma del impuesto español viene motivada por la necesidad de simplificar la gestión tributaria, pero en realidad lleva implícita la eliminación de exenciones, lo que supondría de facto triplicar la recaudación del impuesto.

El impuesto medioambiental español sobre gases fluorados, actualmente regulado por la Ley 16/2013, y en vigor desde 2014, penaliza la emisión a la atmósfera de gases fluorados de efecto invernadero, principalmente utilizados como gases refrigerantes. El impuesto, que actualmente grava la recarga de gas para la reposición de fugas, pasaría en la nueva redacción a gravar toda la entrada de gas fluorado en España. El nuevo impuesto se aplicaría así a la fabricación e importación de nuevos equipos y sistemas de refrigeración y aire acondicionado, bombas de calor, y electrodomésticos, entre otros, que hasta ahora se encontraban exentos.

El nuevo impuesto repercutiría en numerosos sectores de la economía, pero principalmente en los hogares, el pequeño comercio, la hostelería, la industria y la distribución alimentaria, elevando el coste de sus nuevos equipos de climatización.


© MARKET VISION

Panorama