Una veintena de asociaciones denuncian que este impuesto atenta contra la descarbonización.

Las nuevas instalaciones de climatización para uso doméstico y comercial, así como de refrigeración en establecimientos de hostelería y pequeño comercio, podrían encarecerse de golpe un 5% si se aprueba un proyecto de ley de reforma fiscal que prepara el Gobierno.

Paradójicamente, con el pretexto de salvaguardar el medio ambiente España podría convertirse en el primer país de la Unión Europea que penalice el consumo responsable de refrigerantes, con un nuevo impuesto que se presenta en efecto como «medioambiental», cuando no grava las emisiones sino el uso de refrigerantes, que no tienen alternativa en el mercado. De este modo, lo que se hará es castigar el confort de viviendas y establecimientos comerciales, así como los sistemas de preservación de alimentos en supermercados. Todavía más sorprendente aún es que también se penalizará el uso de bomba de calor en aerotermia, una tecnología que la Unión Europea considera ejemplo de sostenibilidad, ya que contribuye a la descarbonización de la atmósfera, también en usos de calefacción y agua caliente.

Así se desprende de las informaciones que han difundido una veintena de asociaciones de los sectores afectados, tras conocer que el Gobierno prepara un nuevo impuesto que gravará la fabricación e instalación en España de equipos de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor, aplicando una tasa sobre los refrigerantes utilizados en ellos.

«España es uno de los pocos países de la Unión Europea con un impuesto especial sobre la emisión a la atmósfera de gases fluorados, utilizados como refrigerantes en este tipo de sistemas. Con el pretexto de simplificar la recaudación del impuesto, en vigor desde 2014, el Gobierno pretende además extender el gravamen a la fabricación o importación de equipos precargados y a la primera carga de refrigerante en instalaciones nuevas».

Esta nueva carga fiscal podría en vigor el próximo julio, «de forma sorpresiva y con apenas unos meses de antelación, de modo que los instaladores y fabricantes de equipos con gases fluorados no tendrán tiempo de adaptarse a las nuevas exigencias».

Las entidades que denuncian este iniciativa indican que afectará a los hogares (aire acondicionado, frigoríficos y congeladores) y a los supermercados, la industria alimentaria, la logística y el transporte refrigerado y la automoción, mermando la competitividad de estos sectores, que facturan más de 130.000 millones de euros y emplean a más de 750.000 personas».

Señalan que, además de ser «un atropello fiscal injustificado», se trata de un impuesto no está alineado con las políticas de la Unión Europea, «que repercutiría negativamente en la economía y en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, y que fomentaría el fraude y el comercio ilegal de refrigerante y equipos».

Indican que la política de «penalizar el consumo responsable (y no la emisión) de refrigerantes», se desvía del principio europeo de ‘quien contamina, paga’. «Otros países comunitarios, o bien solo se limitan a seguir el reglamento de la Unión Europea, o bien excluyen del impuesto a los equipos e instalaciones nuevas, gravando solo las emisiones reales».

Las entidades que han advertido de este hecho son, entre otras, Aefyt, Afar, Afec, Aldefe, Amascal, Applia, Asedas, Atfrie, CNI, Conaif, Fece, Fegeca y Felac, de un espectro que va desde la industria hasta los comerciantes e instaladores de electrodomésticos, climatización, sistemas de ventilación, y empresas usuarias de sistemas de refrigeración. Representan a más de 34.000 empresas y 462.000 empleos directos.

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